LA INVESTIGACIÓN PENAL DIGITAL: OSINT, DIRECCIONES IP Y EL EQUILIBRIO ENTRE EFICACIA Y DERECHOS FUNDAMENTALES
La transformación digital ha cambiado profundamente la forma de entender la investigación penal, dando lugar al uso generalizado de herramientas tecnológicas como la Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT) y la obtención de direcciones IP como formas de diligencias de investigación. Estas técnicas, al no requerir autorización judicial en muchos casos, han incrementado la eficiencia investigadora, pero también han generado importantes dilemas jurídicos y éticos. Este trabajo analiza críticamente el uso de ambas herramientas en el contexto español y europeo, comparándolas con la interceptación tradicional de las comunicaciones y evidenciando el choque que se produce con ciertos derechos fundamentales. A través del estudio de la legislación, la jurisprudencia y los recientes desarrollos normativos de la Unión Europea, se evidencian las lagunas legales actuales y se proponen reformas orientadas a garantizar un equilibrio entre eficacia policial y respeto a los derechos fundamentales, especialmente la intimidad y el secreto de las comunicaciones.
The digital transformation has profoundly changed the way criminal investigations are understood, leading to the widespread use of technological tools such as Open Source Intelligence (OSINT) and IP address tracing as forms of investigative proceedings. These techniques, which in many cases do not require judicial authorization, have increased investigative efficiency but have also raised significant legal and ethical dilemmas. This paper critically analyzes the use of both tools within the Spanish and European context, comparing them to the traditional interception of communications highlighting the conflict that arises with certain fundamental rights. Through the study of legislation, jurisprudence and recent regulatory developments in the European Union, current legal gaps are identified, and reforms are proposed to ensure a balance between police effectiveness and respect for fundamental rights, particularly privacy and the confidentiality of communications.