LA INCIDENCIA DE LA SENTENCIA DEL TJUE DE 28 DE JUNIO DE 2022 EN LA REGULACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO LEGISLADOR
El Derecho Comunitario reconoce que los ciudadanos europeos tienen el derecho a ser indemnizados cuando los legisladores de los Estados miembros no respetan los derechos que la Unión Europea reconoce. Existe; sin embargo, libertad a la hora de regular cuales son los requisitos necesarios para obtener esta indemnización.
Si analizamos la evolución del ordenamiento jurídico español respecto a la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, podemos observar las limitaciones que ha sufrido desde su primer reconocimiento de forma jurisprudencial hasta su primera regulación escrita en las leyes 39 y 40 del 2015. Los exigentes requisitos que estas normas recogen han sido objeto de estudio en la sentencia del TJUE del 28 de junio de 2022, la cual se analizará en el siguiente trabajo a la luz de los principios de efectividad y equivalencia europeos, para terminar, determinando los efectos sobre nuestra regulación actual y los principales puntos que la futura reforma legislativa debería tratar.
Community law recognizes that European citizens have the right to be compensated when member state legislators fail to respect EU-recognized rights. However, there is freedom to regulate the necessary requirements to obtain this compensation.
If we analyze the evolution of Spanish legal system concerning the liability of legislative action by the state, we can observe the limitations it has faced since its first recognition through case law until its first written regulation in laws 39 and 40 of 2015. The stringent requirements outlined in these laws have been studied in the ruling of the ECJ on June 28, 2022, which will be analyzed in the following study in light of the European principles of effectiveness and equivalence, to ultimately determine the effects on our current regulation and the main points that future legislative reform should address.