LA DEFENSA PRIVADA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Las Administraciones Públicas son parte en multitud de procesos judiciales pero dada la especialidad de sus letrados en Derecho Administrativo, en ocasiones contratan abogados externos para su asesoramiento y defensa en procesos, principalmente, de carácter civil o penal. Ello, de un lado, implica el pago de altos honorarios con cargo al erario público pero, de otro, puede suponer un importante ahorro si el pleito finalmente se resuelve favorablemente para la Administración. No obstante lo anterior, la contratación del abogado externo debe realizarse siguiendo el procedimiento legalmente establecido, lo cual no ha sido de fácil interpretación en la doctrina del Tribunal Supremo. Tampoco resulta sencilla la prueba en el delito de prevaricación administrativa.